Modernización del impuesto predial en Medellín?

Medellín, comovamos 

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Numerosos comentarios, protestas, opiniones y análisis ha suscitado la reciente llegada del impuesto predial a los hogares en Medellín, y hasta panfletos que terminan  desinformando a la comunidad y generando protestas que podrían ser injustificadas en la mayoría de los casos. Una de las afirmaciones más recurrentes y equivocadas es la de que el aumento del predial debió ser del 3%, como había sugerido el presidente Santos a los alcaldes[1].

El primer error de los argumentos en contra del aumento del impuesto predial en la ciudad es precisamente confundir el proceso de indexación[2] anual con el proceso de actualización catastral, éste último no se realizaba en Medellín desde hacía siete años y que, en términos generales, implica acercar los avalúos catastrales a los valores reales del mercado inmobiliario. Para ejemplificar, de acuerdo a cálculos del Banco de la República[3], desde 2004 los precios de las propiedades usadas en Colombia no han parado de aumentar, y acumulan un crecimiento del 78% en términos reales[4], hecho altamente influenciado por el crecimiento aún mayor del precio de las propiedades nuevas.  

Aunque el incremento del impuesto predial tomó por sorpresa a muchos ciudadanos y hasta algunos gremios, en el nuevo Plan de Desarrollo se planteó dentro de las estrategias de financiación un incremento de casi el 20% en el valor a recaudar por impuesto predial, pasando de $376.733 millones en 2012 a $449.688 millones[5] en 2013, fruto del “proceso de actualización catastral y la modificación del esquema tarifario”[6].

Las dos medidas enunciadas por la Administración en su Plan de Desarrollo y plasmadas en el Acuerdo 64 de 2012 son la clave para entender las mayores falencias del proceso de “modernización” del impuesto predial, como lo denominó la propia Alcaldía de Medellín[7].

Según el Acuerdo 64, el sistema tributario se rige bajo los principios de la legalidad, la equidad, la eficiencia, la progresividad y la justicia. Aunque no se menciona la responsabilidad política como principio, en los estudios sobre un “buen” sistema tributario es reiterativa la alusión a dicho principio, que consiste en diseñarlo de tal forma que cada individuo sepa que es lo que está pagando[8], en otros términos, las normas tributarias deben ser los más transparentes posibles.

Este principio no es acogido por la Administración Municipal, pues para el contribuyente no es claro cuánto de la base gravable (avalúo catastral) corresponde al valor real o comercial del inmueble. La correspondencia entre ambas variables es desconocida por los contribuyentes, así como el mecanismo usado para determinar la base gravable. A propósito de este particular, el profesor Gerardo Maya en una reciente columna de opinión[9] expresaba que, palabras más, palabras menos, los métodos e investigaciones que usa la Alcaldía para determinar el valor de las propiedades es una caja negra. En este mismo sentido, en el cobro del impuesto predial tampoco es visible la fracción de éste que se paga por concepto de contribución al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En dicho impuesto está incluida la sobretasa ambiental, equivalente al 2 por mil del avalúo catastral, siendo ésta una de las principales fuentes de recursos de esta entidad.

El principio de responsabilidad política implicaría que en el impuesto predial se hiciera explícito el porcentaje del avalúo catastral que corresponde al avalúo comercial del inmueble; adicionalmente, se debería hacer explícito el pago por sobretasa ambiental.

Ahora bien, en lo que corresponde con cambios en la estructura tarifaria, parecen ir en contravía de un proceso de modernización del impuesto. Se pasó de tener 11 tarifas distintas[10] (milaje) a tener 37 tarifas a partir de la vigencia 2013, en el caso de los predios de uso residencial. Aparentemente, la previsión de los efectos del aumento del valor del predial sobre los contribuyentes animó al Concejo de la ciudad a introducir una nueva variable dentro del esquema tarifario, el estrato, y a duplicar los rangos de los avalúos de los inmuebles pasando de siete a catorce.

El argumento esgrimido por la Administración para introducir el estrato es el principio de equidad, no obstante, usar el estrato para focalizar en los más pobres, como se viene haciendo en varios programas de la Alcaldía, o para ser sensitivos en aras de la equidad como en este caso, resulta cuando menos equivocado, como lo muestran varios estudios en Colombia. El más reciente de Ferreira y Meléndez (2012)[11] que muestran que seis de cada diez personas que hacen parte del 40% más rico de la población  vivía a 2010 en los estratos 1 y 2, y llegaba casi a ocho de cada diez (76,8%) cuando se incluía el estrato 3. Por su parte, tres de cada diez hogares del 20% de la población más rica vivía en estratos 1 y 2, llegando a siete de cada diez hogares si se incluye el estrato tres. En otros términos, aunque prácticamente la totalidad de los hogares pertenecientes al 60% más pobre de la población efectivamente vive en estratos 1, 2 y 3, también una gran proporción de la gente más pudiente vive en dichos estratos, con lo cual, cualquier política impositiva o de gasto que pretenda ser equitativa, no podría usar el estrato como variable diferenciadora, sin terminar beneficiando a una gran proporción de hogares que en realidad no deberían serlo.

Bajo el principio de justicia enunciado en el estatuto tributario, entendido como igual imposición a igual capacidad, a todas luces, introducir el estrato lo que hace es distorsionar la definición del impuesto predial. La variable más idónea para medir dicha capacidad es el valor del inmueble, para lo cual la transparencia en sus cálculos resulta fundamental. 

Finalmente, debe haber un reconocimiento de que en materia fiscal, las últimas administraciones se han caracterizado por la transparencia en el manejo de los recursos y, en general, por un desempeño fiscal sobresaliente; ha habido progresividad en la inversión social, y se han resucitado estrategias como la  valorización que dan cuenta de inversiones para mejorar problemas puntuales en las zonas más pudientes de la ciudad con los recursos exclusivos de los habitantes de esas mismas zonas; todas estas políticas son muestra del reconocimiento de los  problemas de desigualdad en la ciudad y del trabajo realizado desde el gobierno local para aminorarlos; no obstante, en aras de mejorar aún más lo que se viene haciendo, valdría la pena que la Administración Municipal y el Concejo de la ciudad revisaran de nuevo el Estatuto Tributario para dar cuenta en realidad de un sistema impositivo más moderno, eficiente y justo. Con seguridad, se evitarían gran parte de las protestas que hoy se escuchan en la ciudad.

Alcaldía de Medellín (2012)  “Nuevo Estatuto Tributario”. En http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://28527a23bb7075089663a2c4fc7578e8 . Fecha: 18 de diciembre de 2012.

[8] Stiglitz J. “Economía del Sector Público”. P. 430.

[9] Gerardo Maya “Predial, crece, crece la audiencia. En: http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/predial__crece_crece_la_audiencia.php. Fecha: 15 de febrero de 2013.

[10] Alcaldía de Medellín. Acuerdo Municipal No. 67 de 2008.

[11] Ferreira Francisco y Marcela Meléndez (2012) “Desigualdad de Resultados y Oportunidades en Colombia: 1997-2010”.  Documento CEDE No. 40. Universidad de los Andes.